Para analizar el tema, es necesario entender cómo funciona el sector eléctrico en la actualidad. Resultado de la citada reforma de 2013, hoy se suministra electricidad a la red con un criterio de prelación que privilegia el despacho de electricidad en primer lugar a aquellos que la vendan a un menor precio y al final los más caros. Esto tiene dos beneficios importantes: el primero, que se pueda disponer en todo momento de la electricidad más barata posible. El segundo, que la electricidad más barata es la menos contaminante, lo cual beneficia al medio ambiente.
Combustóleo, ¿Detrás de la Reforma?De enero a agosto de 2021, la producción de combustóleo de Petróleos Mexicanos (Pemex) se incrementó 51.1%, ubicándolo como el principal producto de las refinerías de la paraestatal al representar un 30.4% de la producción de petrolíferos; en segundo lugar, la gasolina con un 27.8%, en tercero el diésel (14.1%) y en cuarto el gas LP (11.6%), de acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía. El combustóleo es un combustible residual del proceso de refinación del petróleo para extraer gasolina, es de bajo valor comercial y altamente contaminante, pero su elevada producción hace necesario darle salida. En este contexto, el gobierno presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que prevé devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el monopolio en relación a la comercialización de energía eléctrica y eliminar la competencia en generación, dejando a los privados una participación del 46% (actualmente participan con el 62%), siendo quienes producen principalmente con gas natural y fuentes renovables. No obstante, uno de los puntos que más resquemor provoca es que para que la CFE satisfaga la creciente demanda del energético, se utilizaría principalmente el combustóleo, un producto del que tiene llenos sus almacenes, alejando de la agenda pública los temas ambientales de entre sus prioridades. Cabe anotar que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió incrementar la refinación petrolera desde que inició su gobierno. Durante los primeros seis meses de 2021, Pemex procesó 20% más petróleo crudo comparado con el mismo periodo de 2020 pero obtuvo más combustóleo que gasolina, un hecho que llama a reconfigurar las seis refinerías pues estaban configuradas para procesar crudo ligero; y ahora, para producir gasolinas, predomina el crudo pesado, aunque lograrlo podría llevar algunos años, en opinión de expertos. De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, la petrolera invertirá en la terminación de una planta coquizadora inconclusa en la refinería de Tula para reducir en 90% la producción de combustóleo en Salamanca y Tula, pero la obra estará lista hasta 2024. En lo que se refiere a la Reforma Energética hay voces a favor y otras en contra, aunque coinciden en que las reglas de generación y distribución actuales son perfectibles. Por ejemplo, para firmas calificadoras de valores como Moody´s, de aprobarse la iniciativa de reforma tal y como la envió el presidente al Congreso “probablemente desencadenaría disputas legales internacionales, afectaría la competitividad de la inversión extranjera y alejaría aún más al país de alcanzar sus objetivos climáticos… y es crediticiamente negativa para el sector eléctrico mexicano porque disminuiría su transparencia operativa, disuadiría la inversión privada en generación, desincentivaría la generación renovable y probablemente aumentaría el costo general de la electricidad”. Otros opinan que la generación de energía eléctrica por parte de particulares no ha sido de lo mejor en cuanto a calidad por lo que se requieren mecanismos regulatorios y de supervisión más estrictos y eficientes, pues comercializan electricidad mala al mismo precio que la buena. En síntesis, probablemente sea antes de que concluya el 2021 cuando conozcamos el destino de la Reforma Energética que, por cierto, tiene un fuerte componente político. Redacción Mundo Ferretero. |
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La CFE produce electricidad más cara, por lo que la suele suministrar después que los oferentes privados. Sin embargo, la paraestatal sigue jugando un papel fundamental en el sector al ser un monopolio en la distribución y transmisión (actividades con altos márgenes que también debieron haberse abierto en la reforma de 2013), pero también en generación, dado que la capacidad de los jugadores privados no es suficiente para satisfacer la demanda del mercado. El esquema convierte a la CFE en un oferente de última instancia lo cual implica un beneficio importante para la sociedad pues asegura que no se den problemas de suministro como los que se vieron en Texas hace unos meses.
Ahora bien, el esquema resulta problemático ya que la CFE debe mantener toda su infraestructura para ofertar al mercado recuperando sus costos marginales más no sus costos fijos, lo que le genera pérdidas en esta actividad. No es un equilibrio justo para la paraestatal. Además, considerando que a los productores se les paga el precio del oferente más caro, se pueden crear rentas muy elevadas para los jugadores privados sin un beneficio claro para el consumidor. Esta situación se podría atender cambiando la estructura de precios de tal suerte que la CFE pueda satisfacer la demanda no atendida por las empresas privadas a precios mayores que le permitan cubrir sus costos promedio. Los mayores precios a la CFE podrían provenir de una combinación de mayores tarifas eléctricas y de cargos a las empresas privadas que compensen las rentas mencionadas. Esto resultaría en un sistema más confiable y permitiría a la CFE invertir en mejorar su infraestructura y competitividad.
Sin embargo, la reforma que ahora discutirá el congreso resultaría en un equilibrio mucho peor. En esencia, lo que se busca es que sea la CFE la que suministre primero, garantizándole una caprichosa cuota de mercado de 56% (hoy tiene una de 38%). Es decir, se privilegiará la electricidad más cara y contaminante.
En lugar de resolver el problema real que enfrenta la CFE, la propuesta presidencial tendría múltiples efectos negativos. Primero, el país tendría energía más cara, lo cual afectará a familias y a la competitividad de las empresas.
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Segundo, empeorará la distribución del ingreso pues son las familias más pobres las que mayor proporción de sus ingresos destinan al pago de la luz (si se llegará a mitigar este efecto otorgando subsidios, se presionaría a las finanzas públicas). Tercero, México dejaría pasar una oportunidad histórica de captar parte de la inversión que está perdiendo Asia, pues muchas empresas no podrán producir con electricidad más cara y contaminante. Cuarto, habrá un retroceso en materia de sostenibilidad ambiental. Quinto, se eliminarán los incentivos a producir electricidad con más eficiencia (¿qué sentido tiene producir más barato si el ganador será el que produce más caro?). Sexto, se lanzará la señal de que en México no se respetan los derechos de los inversionistas y que se les puede cambiar las reglas del juego a mitad del partido, lo cual reducirá la inversión en el futuro y, por tanto, el crecimiento económico del país. Por último, la iniciativa es claramente violatoria del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá y pone en juego nuestra relación comercial con estos países, importante motor de crecimiento.
Los legisladores tienen el futuro del país en sus manos. En juego está poder aprovechar la oportunidad histórica que el proceso de transformación en el suministro de insumos en las cadenas de valor crea para atraer inversiones para el país y subirnos al tren de las energías limpias: avanzar hacia ser un país desarrollado, o retroceder 50 años.
