En nuestro país, el 7.5% de la población (más de 9 millones de personas) no tiene acceso a agua potable y el 8.6% (10.4 millones de personas) no cuenta con servicios de saneamiento, lo que aunado a la situación de la pandemia de COVID-19 ha dejado claros los retos en las comunidades rurales e indígenas para un ejercicio pleno de este derecho humano al agua y saneamiento.
Para hacer frente a esta problemática, y como parte del proyecto “Reducción del impacto económico del COVID-19 y fomento a la recuperación temprana resiliente en comunidades de México”, el PNUD realizó un diagnóstico técnico de acceso al agua en 34 localidades de los tres estados para definir las acciones que permitieran el mayor impacto social.
Con la instalación de estos equipos, se espera que las personas de las comunidades beneficiadas no solo puedan promover prácticas sanitarias para la prevención de contagios y desarrollar actividades productivas, sino también fortalecer sus capacidades de construcción e instalación de ecotecnologías para una gestión sostenible del agua. Cada comunidad firmó acuerdos para el buen uso, cuidado y mantenimiento de las obras instaladas.
